CEOS-CEPYME HUESCA considera que el aumento de las cotizaciones sociales tendrá un impacto muy negativo sobre la competitividad de las empresas y la recuperación de su actividad Imprimir

Su aprobación inesperada supone un aumento de costes que no han podido planificar las empresas y que es especialmente grave en la actual situación económica.

(Huesca, 15-01-2014).- La Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME HUESCA) considera muy negativos para las empresas y la recuperación de su actividad los incrementos de las cotizaciones a la Seguridad Social aprobados por el Gobierno en las últimas semanas. Estas medidas suponen un incremento de los costes laborales que tendrá un impacto nocivo sobre la competitividad empresarial, sumándose a unas cargas sociales ya previamente superiores para las empresas españolas que para las de países vecinos, y que son especialmente negativas en la actual situación económica.

La Confederación considera contraproducente el aumento de la base de cotización máxima en el Régimen General y para autónomos, así como el de las bases mínimas para este último colectivo. Igualmente, valora negativamente la inclusión en la base de cotización de conceptos hasta ahora excluidos como plus de transporte, seguros médicos, cheques de comida, etc. La incorporación de forma inesperada y con efecto inmediato de estas nuevas cotizaciones ha hecho imposible su inclusión en la planificación de costes de las empresas con la consiguiente inseguridad jurídica y riesgos para su actividad en un momento especialmente complicado económicamente.

A ello se suma, además, el perjuicio causado a los diferentes sectores proveedores de servicios hasta ahora exentos de cotización, así como su posible efecto sobre la capacidad de consumo de los ciudadanos.

Por todo ello, CEOS-CEPYME HUESCA considera que se deberían corregir estas medidas, que anteponen fines recaudatorios a otras consideraciones fundamentales para la recuperación económica y empresarial. Entiende que hubiese sido necesario un contacto previo con los agentes sociales y que, en todo caso, resulta necesaria su tramitación como Proyecto de Ley,  en cuyo proceso parlamentario se podrían incluir modificaciones desde la exclusión de conceptos cotizables hasta el establecimiento de tramos exentos y periodos transitorios.