CEOS-CEPYME HUESCA exige a las Administraciones Públicas que cumplan con la normativa para luchar contra la morosidad Imprimir
La Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME HUESCA) en conjunción a lo ya manifestado por CEOE y CEPYME quiere manifestar que ante la reciente constitución de los nuevos gobiernos de las corporaciones locales y de una gran parte de los de las Comunidades Autónomas, es necesario exigir a estas Administraciones en particular, y al conjunto de ellas en general, que cumplan rigurosamente con la normativa que establece medidas de lucha contra la morosidad.

En este sentido, el reiterado e injustificado incumplimiento de la normativa sobre plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas está deteriorando significativamente la estructura económica y financiera de las empresas lo que impide el normal desarrollo de su actividad y compromete, en multitud de casos, su permanencia en los mercados.

Según el Banco de España, la cuantía que conforma el pasivo de las Administraciones Públicas por cuentas pendientes de pago con las empresas ascendió a 45.794 millones de euros en 2010. Gran parte de estas cuentas pendientes de pago acumulan un retraso medio superior a los 170 días, llegándose a constatar en determinados sectores plazos de pago superiores a los 540 y 720 días.

Para la Confederación de Empresarios, más allá de la relevancia de la morosidad como factor que amplifica los negativos efectos de la debilidad de la actividad económica, se ha de destacar este “sobrecoste” en el que incurre la economía española como factor que lastra la competitividad de nuestras empresas en el medio y largo plazo, las cuales ya están debilitadas debido a la situación actual de la actividad y de las dificultades del acceso a la financiación.

Con todo ello, el reconocimiento del importe de las deudas pendientes, el ajuste de los plazos de pago a los marcados por la normativa y el pago de las mismas deben establecerse como acciones prioritarias de gobierno tanto por la Administración General del Estado, como por las CC.AA. y las corporaciones locales.